Al margen un
sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX
QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 26
de la propia Constitución; 9, 13, 27 al 42 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 4, 9, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30 y 32 de la
Ley de Planeación, y
CONSIDERANDO
Que de
conformidad con el marco constitucional y legal que sirve de sustento al
Sistema Nacional de Planeación Democrática, corresponde al Ejecutivo Federal
conducir la planeación nacional del desarrollo, mediante la ordenación racional
y sistemática de las acciones que buscan la transformación de la realidad del
país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia
Constitución y la Ley de Planeación establecen;
Que para
garantizar el carácter democrático de la planeación nacional, se realizó en
todo el país un amplio programa de consulta popular con los diversos grupos de
la sociedad, los tres órdenes de gobierno y la población en general, por medio
del cual se recogieron sus demandas y propuestas mediante reuniones de opinión
ciudadana o la participación vía correo directo e incluso a través de medios de
comunicación electrónica, y
Que a fin de
cumplir con el mandato que la Ley de Planeación señala al Presidente de la
República, de elaborar, aprobar y publicar dentro del término que marca la
propia Ley, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, he tenido a bien expedir
el siguiente
DECRETO
ARTICULO
PRIMERO.- Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
ARTICULO
SEGUNDO.- Los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 regirán la actuación de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
ARTICULO
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en la Ley de Planeación y demás
disposiciones aplicables y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
elaborarán y ejecutarán los programas sectoriales, regionales, especiales e
institucionales que correspondan, cuya temática se encuentra prevista en un
anexo de dicho Plan.
ARTICULO CUARTO.-
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal establecerán
los mecanismos necesarios para la coordinación con los distintos órdenes de
gobierno y la concertación con los diversos grupos sociales y de los
particulares, con la finalidad de promover su participación amplia y
responsable en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006.
Las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal deberán ajustarse a los
objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, para la
aplicación de los instrumentos de política económica y social que promuevan la
inducción de acciones de los diversos grupos sociales y de los particulares.
ARTICULO QUINTO.-
Para cumplir con los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal harán las previsiones necesarias
para el financiamiento y la asignación de los recursos correspondientes, al
integrar los anteproyectos de sus presupuestos de egresos.
ARTICULO SEXTO.-
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal evaluarán en
forma periódica y con base en indicadores los resultados de sus acciones en
relación con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 y de los programas que del mismo se deriven, e
informarán al respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a
las unidades administrativas que señale el Ejecutivo Federal, con el propósito
de que el propio Presidente de la República informe por escrito al Congreso de
la Unión los resultados de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución y la Ley de Planeación.
TRANSITORIO
UNICO.- El
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil uno.- Vicente Fox
Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.-
Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.-
Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega
García.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González.- Rúbrica.-
El Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.-
La Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.-
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger
Waisman.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Tirso Ernesto Martens Rebolledo.-
Rúbrica.- El Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista.- Rúbrica.-
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica.- El Secretario
de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Javier Barrio Terrazas.-
Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Reyes Silvestre Tamez Guerra.-
Rúbrica.- El Secretario de Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.- El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos María Abascal Carranza.-
Rúbrica.- La Secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello.-
Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Bertha Leticia Navarro Ochoa.- Rúbrica.
La visión
del México al que aspiramos
La
visión de futuro de México en el año 2025 que la sociedad mexicana desea tener
es la guía de todos los esfuerzos de este gobierno. Esta visión señala las
principales características del país que queremos construir, características en
las que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo y que deben trascender el
esfuerzo de este gobierno para afirmar un compromiso de largo plazo con la
sociedad mexicana.
Se ha
definido un periodo de 25 años como un lapso en el que este ideal pueda ser
logrado; 25 años de esfuerzo para cristalizar un desarrollo nacional del que
todos nos sintamos orgullosos. Para ello es necesario articular a toda la
sociedad mexicana en la búsqueda y logro de un nuevo país.
La visión
del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así:
México
será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá
logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus
ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en
el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será
una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento
estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el
medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces,
pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional.
Al
concluir el primer cuarto del siglo XXI los mexicanos habrán construido una
democracia sólida y logrado reducir las inequidades sociales, políticas y
económicas, con lo cual todos tendrán acceso a una mejor calidad de vida. Estas
condiciones permitirán construir y recrear formas de organización colectiva que
mantendrán la cohesión social sobre la base de una alta participación de
diversos grupos de la sociedad y de un sólido sentido de compromiso social de
sus autoridades.
La
sociedad estará integrada en su mayor parte por individuos con sólidas
capacidades para construir su propio bienestar; contarán con el apoyo de
políticas públicas eficaces para complementar sus esfuerzos individuales, y
estarán protegidos de riesgos que atenten contra sus posibilidades de progreso.
En virtud de su eficacia, su calidad y su transparencia en el uso de los
recursos públicos, las políticas públicas tendrán un alto grado de aceptación y
confianza entre la población.
El país contará con una
economía dinámica y competitiva basada en políticas económicas que propicien un
crecimiento económico estable, continuo, tecnológicamente innovador y en
armonía con el medio ambiente. Este crecimiento hará posible la inclusión del
conjunto de la población en actividades económicas que le permitirán ganarse la
vida con dignidad y tener acceso a niveles crecientes de poder adquisitivo.
La
convivencia en el país se sustentará en un sólido Estado de derecho. El respeto
a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los
tratados internacionales serán guía permanente en la acción del gobierno.
Autoridades y ciudadanos se conducirán, por igual, con apego a la legalidad.
Ante la inobservancia del marco normativo habrá acceso amplio y expedito a la
procuración y administración de justicia. La actuación de los gobiernos se
sujetará estrictamente a la voluntad popular, expresada en instituciones
modernas que garantizarán el ejercicio continuo de la democracia.
En el contexto internacional, nuestro país estará
abierto a los intercambios económicos, sociales, culturales y políticos.
Asimismo, México reivindicará con orgullo sus raíces históricas, la diversidad
étnica de su sociedad, su soberanía nacional, su inamovible vocación por la paz
y el respeto al orden jurídico internacional, al tiempo que fomentará y apoyará
una cultura de la innovación. El desarrollo de la unidad nacional se asentará
en la construcción de instituciones que respeten la multiculturalidad y normen
con equidad los derechos y las obligaciones de los distintos grupos que
conforman la sociedad mexicana, sin atentar contra la integridad de la nación
ni de los valores que sustentan su identidad.
México
aspira a ser uno de los países líderes en la promoción de un desarrollo
integral que llegue a toda la población.
La misión
del Poder Ejecutivo Federal
La administración pública federal establece una
misión que define lo que este gobierno se compromete a realizar para avanzar en
el logro del México que se desea en el 2025.
La
misión establece los objetivos por los que todos los miembros de la
administración pública, encabezados por el Presidente de la República, se
comprometen a trabajar con absoluta fuerza y dedicación.
La misión
del Poder Ejecutivo Federal 2000-2006 es conducir responsablemente, de manera
democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una
sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente,
consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena
vigencia del Estado de derecho.
Para lograrlo habremos de:
•Contar
con una política de finanzas públicas sanas, que nos permitan apoyar las
acciones que encaminen al país hacia el desarrollo que se requiere.
•Ser un
buen gobierno, mediante la implantación de prácticas y procesos que garanticen
la concreción de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
•Tener
un gobierno inteligente, eficaz, efectivo, que haga más y cueste menos.
•Establecer
al desarrollo humano como eje rector de su acción, para diseñar e instrumentar
políticas públicas que den lugar a un desarrollo económico dinámico, incluyente
y en armonía con la naturaleza.
•Crear
las condiciones políticas, económicas y sociales que promuevan los procesos de
desarrollo nacional.
•Establecer una nueva cultura de gobierno basada en
el humanismo, la equidad, el cambio, el desarrollo incluyente, la
sustentabilidad, la competitividad, el desarrollo regional, el Estado de
derecho, la gobernabilidad democrática, el federalismo, la transparencia y la
rendición de cuentas.
•Consolidar la transición a una democracia plena.
•Garantizar
la vigencia del Estado de derecho.
•Insertar
a México en la competencia internacional, equilibrando los beneficios y costos
de la globalización.
•Dar
seguridad personal al ciudadano y a su familia.
•Eliminar las restricciones legales y estructurales
de la economía para desatar un proceso creativo que impulse el desarrollo
económico del país en forma sostenida y sustentable.
•Innovar
en todos los planos de la vida nacional: científico, jurídico, económico,
social, educativo, administrativo, etcétera.
•Llevar a cabo una REVOLUCIÒN EDUCATIVA que permita el desarrollo del país y una alta calidad de vida para toda
la población.
•Sentar
las bases, irreversibles, de un nuevo modo de comportamiento y cultura política
basado en una ética pública.
El Plan
Nacional de Desarrollo es, también, el marco en el que se definirán los
programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales. Tanto el Plan
como los programas específicos en los
programas operativos anuales, por lo que el esfuerzo de lograr la visión del
México al que aspiramos en el año 2025 será apoyado por la administración
pública federal de acuerdo con el marco establecido en la misión.
La
revolución educativa
La
educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar
individual y colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social,
en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los
sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las
naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico y social, y en la capacidad
y creatividad de las personas y de las comunidades. La educación, en suma,
afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades,
determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el
futuro.
Hoy se
reconoce el papel crucial del conocimiento en el progreso social, cultural y
material de las naciones. Se reconoce, asimismo, que la generación, aplicación
y transmisión del conocimiento son tareas que dependen de las interacciones de
los grupos sociales y, en consecuencia, condicionan la equidad social.
El
hecho fundamental que ha limitado la posibilidad de hacer de México un país
justo, próspero y creativa es la profunda desigualdad de la sociedad, una pauta
que se manifiesta también en las dispares oportunidades de acceso a la
educación, en las diferencias de calidad de las opciones de preparación
abiertas a cada sector social, en los distintos circuitos culturales y
ambientes de estímulo intelectual y en la distribución de posibilidades de
obtener información y conocimientos.
La
equidad social y educativa y el mayor acceso al conocimiento son, por tanto,
dos retos entrelazados para potenciar la inteligencia colectiva de México, que
hay que enfrentar fomentando el aprendizaje y la formación permanente de todos,
si se aspira a asegurar el avance nacional sin perder la cohesión social en
torno a los valores y las costumbres que caracterizan positivamente a la
nación.
La
situación actual en materia educativa y las condiciones demográficas, políticas
y económicas de México demandan un gran proyecto nacional en favor de la
educación. Un proyecto en el cual participen y se articulen los esfuerzos de
sociedad y gobierno en el logro de cuyos objetivos se sume y canalice la
energía individual y colectiva de los mexicanos, y mediante el cual se
resuelvan los inaceptables rezagos educativos y se creen las condiciones que
propicien el futuro bienestar colectivo y la inserción plena de México en el
ámbito internacional.
Este
proyecto supone una revisión amplia e integral de los objetivos, procesos,
instrumentos, estructura y organización de la educación en México, a fin de
contar con una educación acorde con las nuevas condiciones y aspiraciones
nacionales y que privilegie el aprendizaje y el conocimiento. Demanda la
participación sistemática de los individuos, grupos, organizaciones y sectores
del país para garantizar su continuidad y el compromiso con el mismo.
Hacer
de México un país volcado a la educación implica lograr que la educación sea valorada
como un bien público y, en consecuencia, que la sociedad mexicana toda se
comprometa con su funcionamiento y progreso. Esto requiere contar con un
ambiente propicio para la educación -sus contenidos y procesos, sus actores y
organizaciones, sus normas y resultados- y que todos los grupos sociales
concurran a facilitarla y asegurarla: el magisterio, los educandos y los padres
de familia, las autoridades institucionales, los sindicatos, las empresas, los
medios informativos y las organizaciones culturales, artísticas y deportivas,
las organizaciones no gubernamentales y los diferentes órdenes de gobierno.
En
concordancia y como resultado de esta visión, el propósito central y
prioritario del Plan Nacional de Desarrollo es hacer de la educación el gran proyecto
nacional. Lograrlo implica contar con programas, proyectos y acciones que
permitan tener:
•Educación para todos
El reto
de llevar la educación a todos los mexicanos mediante el sistema educativo
formal y de la multiplicación de oportunidades de educación no formal, incluye
tomar en cuenta la pluralidad cultural, étnica y lingüística del país para
eliminar el rezago en la educación indígena, siempre con respeto a sus
culturas.
La
población que demanda educación básica no crecerá en los próximos lustros, por
lo que el país tiene la oportunidad para, en pocos años, incorporar a la
educación preescolar a todos los niños en esa edad; asegurar que completen su
educación secundaria todos los niños y jóvenes que hoy están en las aulas;
abrir oportunidades en la educación media superior y superior para alcanzar
coberturas más próximas a las de nuestros principales socios comerciales.
A pesar
del progreso que se alcance con estas acciones, el número de mexicanos sin
educación básica es y continuará muy alto. La mayoría de estos mexicanos está,
por otro lado, en edad laboral y con necesidades de empleo. En conjunto,
representan la parte más numerosa de la población económicamente activa.
Proporcionarles educación resulta, por tanto, no sólo un acto de justicia sino
de beneficio para el desarrollo nacional.
Es necesario expandir y multiplicar las
oportunidades educativas y la diversidad de la oferta para este sector de la
sociedad, por medio de la apertura de planteles e instituciones; la creación de
alternativas educativas, de capacitación y de adiestramiento; el diseño y
establecimiento de procesos ágiles y confiables para reconocer y certificar los
conocimientos, las destrezas y las experiencias no escolarizadas; la
integración vertical y horizontal del sistema educativo.
•Educación de calidad
Una
educación de calidad significa atender el desarrollo de las capacidades y
habilidades individuales -en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo,
social y deportivo-, al mismo tiempo que se fomentan los valores que aseguran
una convivencia solidaria y comprometida, se forma a los individuos para la
ciudadanía y se les capacita para la competitividad y exigencias del mundo del
trabajo. Ello se traduce en el énfasis que estos aspectos reciben en los diferentes
niveles de la educación y en los desiguales contextos sociales de los
estudiantes, en el balance que se logre entre información y formación,
enseñanza y aprendizaje, lo general y lo especializado, lo actual y lo
porvenir.
La
educación debe vincularse con la producción, proporcionando a los futuros
trabajadores y profesionistas una cultura laboral básica que les permita ver el
trabajo como un medio de realización humana, de convivencia solidaria y de
servicio a la comunidad, a la vez que introducir visiones críticas,
constructivas y responsables que transformen los empleos en oportunidades de
crecimiento personal.
Una
educación de calidad, por tanto, demanda que la estructura, orientación,
organización y gestión de los programas educativos, al igual que la naturaleza
de sus contenidos, procesos y tecnologías respondan a una combinación explícita
y expresa de los aspectos mencionados.
Por
otro lado, la calidad de la educación descansa en maestros dedicados,
preparados y motivados; en alumnos estimulados y orientados; en instalaciones,
materiales y soportes adecuados; en el apoyo de las familias y de una sociedad
motivada y participativa.
La calidad, como característica del sistema
educativo, se logrará con la diversidad de instituciones y programas educativos
en el país que, en un ambiente de libertad y bajo reglas claras y explícitas de
calidad, concurran para ofrecer perfiles curriculares, condiciones
intelectuales, procesos de instrucción y ambientes humanos atractivos para los
mexicanos.
•Educación de vanguardia
La
fuerza de la economía, el comercio y las comunicaciones globales impulsan
también la globalización de los sistemas educativos de las naciones que aspiran
a participar activamente en los foros y los intercambios internacionales. La
explosión del conocimiento y el acelerado paso hacia una sociedad y una
economía basadas y estructuradas en torno a él, obligan a repensar los
propósitos del sistema educativo y a reconsiderar la organización social con
miras al aprendizaje y al aprovechamiento del conocimiento por toda la
sociedad. El avance y la penetración de las tecnologías lleva a reflexionar no
sólo sobre cómo las usamos mejor para educar sino incluso a repensar los
procesos y los contenidos mismos de la educación y a considerar cuáles
tecnologías incorporar, cuándo y a qué ritmo.
En la
medida que se logre elevar el nivel educativo general de la población y reducir
las diferencias entre las diferentes regiones y grupos del país, aumentará la
demanda de servicios educativos para que la juventud y la fuerza de trabajo
mejoren su capacitación; crecerá la presión por formas, mecanismos e
instrumentos para el entretenimiento, la instrucción y la preparación, y habrá
más oportunidades para cursar estudios superiores y de posgrado. Colectivamente,
la sociedad será más creativa y capaz, a la vez que más participativa y humana.
El país
requiere, por lo tanto, formar a profesionistas, especialistas e investigadores
capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos de tal forma que se traduzcan
en beneficio colectivo; requiere, además, el apoyo educativo y tecnológico de
las industrias y empresas; servicios y programas formales e informales de
educación transmitidos por los medios de comunicación; contar con la
infraestructura científica y tecnológica y con los acervos de información
digitalizada que permitan a la población estar en contacto con la información y
los conocimientos necesarios para su desarrollo.
Lograr que el sistema educativo
nacional pase de la situación prevaleciente a la descrita no es sencillo ni
puede lograrse en poco tiempo. Una administración federal comprometida no es
suficiente, es necesario el esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Los cambios
deben darse progresiva pero firmemente, con base en programas de trabajo que
comprometan a todos los niveles de gobierno y a todos los actores del sistema;
es decir, con programas que involucren a toda la población. Iniciar este
proceso es el objetivo medular de la acción gubernamental definida en este
Plan.
La política social
La emancipación, objetivo de la política social
La
acción de gobierno descrita en el Plan Nacional de Desarrollo tiene por fin
último mejorar la calidad de vida de los mexicanos, asegurar el pleno ejercicio
de su libertad personal en un entorno de convivencia humana y de respeto a la
naturaleza que multiplique las oportunidades de progreso material, favorezca el
desenvolvimiento intelectual y propicie el enriquecimiento cultural de cada uno
de los ciudadanos del país. El desarrollo que se propone tiene a las personas
como su origen y destino; un desarrollo en el cual la sociedad es vista como la
suma e interacción de los hombres y las mujeres que la componen, todos y cada
uno de ellos de importancia para el resultado colectivo.
La
fuerza del Plan radica en su estrecha vinculación con los seres reales que
integran la nación, sin perder de vista las estructuras, instituciones,
fundamentos y conceptos que les dan unidad y sentido. La riqueza económica que
promueve la política para un crecimiento con calidad, así como la estabilidad
que se propicia de orden y respeto, tienen por objetivo mejorar las condiciones
de la sociedad y de los individuos de este país. Es claro, igualmente, que el
desarrollo social y humano representa un factor invaluable para alcanzar tanto
niveles superiores de riqueza y bienestar, como de seguridad y justicia.
El
cambio que caracteriza a la sociedad mexicana del nuevo milenio hace que el
acercamiento a la gente -a sus diversas agrupaciones y a sus representantes-
sea, sin dejo de condescendencia o simulación, igual a la colaboración que se
plantea con los diversos órdenes de gobierno y con los otros poderes de la
Unión: de absoluto respeto e igualdad de trato.
Es por
ello que la emancipación individual y colectiva de los mexicanos es el objetivo
integrador de la política para el desarrollo social y humano de este Plan de
gobierno; una política que promueva la capacidad, fuerza y voluntad de todos
para bastarse a sí mismos y que, al hacerlo, propugne por la erradicación de
cualquier forma de vasallaje o sumisión; una política que al sentar las bases
para la autosuficiencia individual y global, produzca confianza y seguridad en
la nación y en los nacionales, eliminando los tutelajes, paternalismos y
dictaduras indignas; una política que asegure la soberanía, riqueza y fuerza de
la nación en la iniciativa, reciedumbre y capacidad de sus integrantes. Se
trata, en suma, de una política incluyente y liberadora.
Al
colocar a los individuos en el primer plano de su política social, la presente
administración reconoce también la conveniencia de involucrar a la gente en la
conformación de la política nacional para el desarrollo social y humano y en la
ejecución de las acciones que de ella se deriven. Al incluir a personas,
grupos, organizaciones civiles y asociaciones privadas en los asuntos públicos,
la administración pública federal libera la energía y creatividad de la
sociedad mexicana, fomenta su interés y corresponsabilidad en la solución de
los problemas nacionales, aumenta su exigencia hacia el gobierno y su
solidaridad con sus semejantes. Al contar con la colaboración de la sociedad en
su conjunto -además de la acción de los otros poderes de la Unión y de los
otros órdenes de gobierno- el Ejecutivo federal puede concentrar sus esfuerzos en
las tareas y responsabilidades que sólo él puede hacer y que sólo a él le
competen.
La educación es el instrumento más importante para
aumentar la inteligencia individual y colectiva y para lograr la emancipación
de las personas y de la sociedad.
Aunque
varios factores contribuyen a promover la soberanía de los individuos y la de
los grupos sociales que éstos forman, para el gobierno no existe la menor duda
de que la educación es el mecanismo determinante de la robustez y velocidad con
la que la emancipación podrá alcanzarse, el factor determinante del nivel de la
inteligencia nacional y la punta de lanza del esfuerzo nacional contra la
pobreza y inequidad.
El
gobierno de la República considera a la educación como la primera y más alta
prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de reflejarse en la
asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones,
iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen
el sistema educativo.
La
transformación del sistema educativo, además de asegurar que la educación, el
aprendizaje y la instrucción estén al alcance de todo niño, joven y adulto, ha
de cuidar también que nadie deje de aprender por falta de recursos; garantizar
que todo centro educativo funcione y que en todo centro educativo se aprenda.
El gobierno está comprometido con la reforma necesaria para alcanzar un sistema
educativo informatizado, estructurado, descentralizado y con instituciones de
calidad, con condiciones dignas y en las cuales los maestros sean profesionales
de la enseñanza y el aprendizaje; una educación nacional, en suma, que llegue a
todos, sea de calidad y ofrezca una preparación de vanguardia.
Para
ello, además de las medidas que habrán de adoptarse para lograr, antes del
término de esta administración, la cobertura total en la educación preescolar y
básica y para alcanzar coberturas en la media superior y en la superior más
cercanas a las de los países con los que tenemos más contacto, se adoptarán
diversas estrategias que se mencionarán más adelante. Un elemento central de la
acción del gobierno de la República en educación será el énfasis en la
participación social -los padres de familia, el sector productivo, las
organizaciones y asociaciones- en el logro y consolidación de la transformación
educativa. El reconocimiento y aprecio social por la educación de calidad es el
estímulo más efectivo para alumnos y maestros, y da el apoyo necesario para realizar
reformas complicadas pero necesarias
Con
base en esta línea de acción se trabajará para: a] asegurar, entre otras cosas,
que cada escuela cuente con una comunidad educativa constituida por los
maestros, los alumnos que ellos atienden y por los padres de esos alumnos; una
comunidad que participe en la definición de los aspectos que deben mejorarse en
cada escuela y la apoye para lograr su mejoría; b] dotar de capacidad e
iniciativa propias a las escuelas, a fin de que conformen un sistema descentralizado
en el que puedan trabajar con la flexibilidad necesaria para proporcionar la
mejor oferta educativa; sin tal capacidad de iniciativa y de flexibilidad, no
será posible responsabilizar a cada centro educativo del nivel de enseñanza que
proporcione;
C]
involucrar a todos los sectores de la sociedad en el establecimiento de metas
claras y compartidas sobre los objetivos, contenidos, instrumentos y alcances
de la enseñanza y el aprendizaje para cada nivel de la educación, y para contar
con procesos eficaces y estimulantes para la capacitación de los maestros, que
vengan acompañados de los incentivos correspondientes para que puedan poner en
práctica dicha capacitación.
Esta
estrategia de reforma educativa descansa en el principio de que al tener mayor
capacidad de iniciativa y autoridad en la toma de decisiones, y al existir una
mayor participación de la sociedad civil en el avance educativo, el rendimiento
de cuentas de las escuelas, los maestros y las instituciones se volverá una
práctica común y un mecanismo para garantizar la calidad y el impacto
educativo, al mismo tiempo que constituirá un paso más en la emancipación
general de México y los mexicanos.
La
educación y el desarrollo de los mexicanos dependen de la salud que posean. La
salud ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México. Los progresos en
este sector han sido determinantes para conformar las características
demográficas actuales en nuestro país, y las instituciones de salud han sido
fundamentales en el desarrollo de México en muy diversos campos, como la
investigación, la educación y la organización administrativa y financiera. El
progreso alcanzado en el pasado, que se manifiesta, por ejemplo, en la
reducción de la mortalidad infantil y en el crecimiento de la esperanza de
vida, no debe conducir a ignorar que existen todavía sectores de la población
que no tienen a su alcance la atención, los servicios médicos y los
medicamentos que les ayuden a tener una vida sana y les proporcionen la
seguridad y confianza que requieren para su cabal desarrollo.
Por
otro lado, el perfil epidemiológico nacional se está transformando como
consecuencia de la mayor urbanización, del cambio en las actividades
ocupacionales y de la educación. Hoy, las enfermedades crónicas y los
traumatismos se están convirtiendo en las principales causas de incapacidad y
muerte, y están emergiendo enfermedades y padecimientos como el sida, hasta muy
recientemente de poca importancia nacional.
El
gobierno de la República tiene el compromiso de seguir desarrollando los
sistemas de salud, de forma tal que se extiendan a la totalidad de la
población, eviten la duplicación de esfuerzos, ahorren recursos y prevengan las
enfermedades. Las estrategias que se plantean buscarán, por lo tanto, unificar
los esfuerzos de las principales instituciones y sistemas de salud que existen
en el país, el desarrollo de criterios uniformemente aplicados relativos a los
fármacos y a los servicios sanitarios y epidemiológicos, y el apoyo para el
mejoramiento de las instalaciones, equipamiento y material de los hospitales,
las clínicas y las instituciones de salud en general. El esfuerzo deberá
desembocar en una mejoría clara en la atención médica y en el trato que recibe
la población.
Además
de los cambios que están ocurriendo por efecto de la educación y la salud, las
transiciones demográfica, social, económica y política han modificado y siguen
transformando el espectro social y humano de nuestro país. Los cambios en la
estructura y distribución de la población, la recomposición social que ha
tenido lugar y que significa la presencia activa de grupos y regiones hasta
hace poco ignorados o callados, las fuerzas y apoyos que plantean la
competencia global y la tecnología moderna, se unen a las demandas y exigencias
ancestrales y afectan las posibilidades y el rumbo para el desarrollo de la
nación.
La
política de desarrollo social y humano que se presenta en este Plan Nacional de
Desarrollo, pretende responder a los objetivos específicos que en esos temas
plantea la problemática actual de México y se plasma en diversas estrategias
que se describirán más adelante, así como en los programas sectoriales y
especiales que se emitirán posteriormente. Pero la eficacia del Plan no
descansa en la mera agregación de políticas y estrategias, su coherencia y
funcionalidad se derivan del objetivo general de emancipación individual y
colectiva propuesto.
Para
facilitar y reforzar la cabal comprensión de esta política emancipatoria, a
continuación se presentan los ejes rectores de la política nacional en materia
de desarrollo social y humano.
Las
precarias condiciones de salud, vivienda y alimentación en que se encuentran
muchos mexicanos, así como las escasas oportunidades que tienen de educación,
capacitación y empleo, merman su confianza personal y familiar. Estas
circunstancias les impiden participar de manera constructiva en la
colectividad. No es posible un desarrollo humano efectivo y sostenido cuando se
vive en condiciones de insalubridad y hambre; no es posible potenciar las
capacidades de las personas que se encuentran en la pobreza extrema; no es
posible pedir que sean autosuficientes a quienes luchan por subsistir.
•El
primer eje de la política de desarrollo social y humano se refiere,
precisamente, a los niveles de bienestar de los mexicanos, y está orientado a
evitar que existan grupos de la población mexicana cuyas condiciones de vida,
oportunidades de superación personal y de participación social, se encuentren
por debajo de ciertos umbrales.
El
objetivo consiste en romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo
el país, en particular en las comunidades indígenas geográficamente más
aisladas. Para lograrlo, no sólo se debe impulsar un crecimiento económico
sostenido, al mismo tiempo se necesita invertir en el desarrollo social y
humano. Por ello, habrán de continuarse e iniciarse programas y acciones
específicas que transfieran recursos económicos y se canalicen para mejorar los
servicios médicos y sanitarios; proporcionar respaldo educativo y capacitación
considerando, en casos específicos, las características de las culturas
bilingües; Invertir en infraestructura para que cuenten con servicios
esenciales como carreteras, energía eléctrica, agua potable, sistemas de
comunicación. Todo ello, para agilizar su incorporación a la dinámica general
del país y crear mayores oportunidades productivas.
Por su
parte, las unidades administrativas del Ejecutivo vigilarán que las acciones y
programas se cumplan cabalmente y con transparencia cuidando, sobre todo, que
no se creen nuevas formas de dependencia o de explotación que desestabilicen a
las comunidades a las que desea servir.
A fin
de evaluar los resultados de la acción gubernamental en las tareas de
incrementar la satisfacción de las necesidades básicas en cantidad y calidad,
se medirán los avances en aspectos tales como educación, salud, vivienda,
infraestructura y reducción de la pobreza.
•La
sociedad mexicana actual está compuesta por una gran diversidad de grupos
sociales y es de una gran heterogeneidad. Las desigualdades por género, edad,
etnia, región geográfica y condición económica, por mencionar sólo algunas, son
notables. El tratamiento uniforme, que pasa por alto las necesidades agudas y
propias de algunos grupos, ha derivado, entre otras cosas, en fenómenos como el
de Chiapas.
La
emancipación real de México y de los mexicanos demanda políticas y acciones que
tomen en cuenta las distintas necesidades, posibilidades y capacidades de los
ciudadanos.
Es por ello que el segundo eje de la política
de desarrollo social y humano es la equidad en los programas y la igualdad en
las oportunidades.
Con el
fin de reducir las desigualdades que más afectan a la población, los criterios
que se seguirán para la asignación de los recursos públicos estarán orientados
a estimular e impulsar la superación del nivel de vida de los grupos y personas
más vulnerables -los indígenas, los niños y ancianos, los discapacitados- y
tomarán en cuenta las necesidades de otros sectores amplios -como las mujeres y
los jóvenes-, sin perder de vista los programas de cobertura general que
deberán ser atendidos.
Como
indicadores de los resultados de gobierno se utilizará información sobre las
oportunidades en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y en otros
aspectos del ámbito social y humano que tengan distintos grupos de la
población, para lo cual las estadísticas que elaboren las dependencias de la
administración pública reflejarán las diferencias por género.
•El
tercer eje, capacidad e iniciativa, pretende fomentar la actitud emprendedora e
independiente de los ciudadanos, dotándolos de una educación de vanguardia y
una preparación de avanzada, para lo cual se promoverán y crearán proyectos que
mejoren la preparación, escolaridad y los conocimientos de la población,
conduzcan al desarrollo de sus habilidades y destrezas, fomenten la innovación
y el avance tecnológico, induzcan el interés por la ciencia y apoyen la
difusión cultural, aseguren el manejo efectivo de la información y propicien la
educación continua, el adiestramiento constante y la actualización permanente.
Con
esta dinámica se abrirán nuevas perspectivas para un verdadero cambio en el
potencial de superación y en la dinámica productiva de la nación, lo cual
representa no sólo un acto de justicia y madurez sociales sino una verdadera
oportunidad para estimular un cambio cualitativo en la dinámica del crecimiento
económico, material y cultural del país.
Ésta es
la verdadera emancipación, porque asegura la desaparición de servidumbres y
clientelismos, se nutre tanto de la confianza para enfrentar el futuro como de
la seguridad en la capacidad de proveer de sustento, salud y educación a
quienes dependen de cada uno.
Por
otro lado, crear riqueza sin comprometer el entorno natural y las posibilidades
de las generaciones futuras, aumentar la participación de México en los
mercados internacionales, fortalecer la presencia y el liderazgo de los
mexicanos en la cultura mundial, asegurar su voz en los foros internacionales,
sólo es posible si se incrementa el capital humano y social de nuestra nación.
En
estas tareas se dará especial atención a las necesidades y posibilidades de las
mujeres, los jóvenes y otros grupos con presencia e importancia crecientes, y
se respetarán y fomentarán las iniciativas para el mejoramiento de los
individuos y sus familias.
Para
evaluar la cobertura, calidad y repercusión de los programas puestos en
ejecución se utilizarán estadísticas relacionadas con la escolaridad, las
competencias laborales y sociales, la capacidad emprendedora y la capacidad de
innovación.
La
política que se ha propuesto seguir el Ejecutivo federal implica la
emancipación individual además de la colectiva, por lo que se crearán
estrategias y líneas de acción que refuercen los lazos familiares y
comunitarios, la solidaridad y la confianza entre los individuos y para con las
instituciones; eliminen las discriminaciones de todo tipo, incluyendo las de
asociación política u orientación sexual; que promuevan la legalidad y el
orden, distingan y respeten las diferentes funciones, ámbitos de competencia y
atribuciones de los integrantes sociales, fortaleciendo así el federalismo y la
democracia; que contribuyan al sano desarrollo de las organizaciones sociales y
laborales, las asociaciones civiles, religiosas y políticas, los gobiernos y
estructuras de justicia locales, municipales, estatales y federales. Para estos
propósitos, la política para el desarrollo social y humano incluye otros ejes
cuyo acento está en lo colectivo.
•La
fortaleza y el temple de los individuos se forjan en el seno de la familia y
los grupos sociales que les rodean, sus valores y principios son producto de la
interacción de unos y otros. El fortalecimiento local y comunitario apoya el
federalismo; obliga a la mayor eficacia y transparencia en las acciones de
gobierno, y contribuye así a la emancipación personal y colectiva.
•Para
propiciar, conservar y alentar la riqueza social de México, la política de
desarrollo social y humano incluye la cohesión social como el cuarto de sus
ejes fundamentales, porque propone acciones y programas tendientes a aumentar
la solidaridad de todos los mexicanos entre sí y con el bien común; a
acrecentar su compromiso con la nación, mediante el fomento y la elaboración de
políticas y proyectos incluyentes que descansen en la mayor participación de
los grupos que conforman la sociedad; a disminuir la presencia del Estado en
los aspectos y áreas en los que las organizaciones no gubernamentales pueden tener
una contribución efectiva; a propiciar la integración social de sujetos
agrupados en asociaciones con distintos fines, construyendo modalidades que
refuercen su sentido de pertenencia sin menoscabo de su identidad; a
reivindicar el respeto a los derechos reconocidos y a los emergentes que se
manifiestan de manera diversa en las distintas regiones, estados, ciudades,
poblaciones, grupos y asociaciones del país, dando lugar así a un desarrollo
regional equilibrado y acorde con el federalismo.
A fin
de evaluar los logros en el fomento a la cohesión social, se recurrirá a
información sobre procesos de participación comunitaria, funcionamiento de
organizaciones civiles y sociales, y existencia de valores solidarios.
•La
presente administración establecerá diversas medidas y proyectos cuyos
objetivos son crear conciencia de la identidad entre bienestar y medio
ambiente; construir una cultura de evaluación de prácticas productivas y de
resultados de programas sociales basada en el criterio de que el deterioro de la
naturaleza es un efecto inaceptable; fomentar un mayor conocimiento sobre el
deterioro al medio ambiente que provocan ciertas prácticas sociales y
productivas; desarrollar, en suma, una concepción de desarrollo en armonía con
la naturaleza.
Éste es, por tanto, el quinto eje de la
acción de gobierno en torno al desarrollo social y humano.
Los
esfuerzos por alcanzar un desarrollo social incluyente, equitativo y liberador
se verán rápidamente limitados y frustrados si tal desarrollo se realiza con la
destrucción de los ecosistemas naturales de los que depende la vida en la
Tierra. El desarrollo social y su base necesaria de progreso económico deberán
incorporar esquemas eficaces para la protección de los recursos naturales. Esto
implica, en consecuencia, la cuidadosa planeación de las formas como el
desarrollo económico y social se lleve a cabo.
Como
indicadores para evaluar los resultados obtenidos se integrará información
sobre la moderación del daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pérdida
de sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos, entre otros.
•El
último eje, confianza en la capacidad del gobierno y en las instituciones del
país, tiene por objeto diseñar estrategias de respuesta eficaz ante situaciones
no previstas de orden natural y social, ampliar la capacidad de respuesta del
Estado, crear condiciones institucionales que permitan anticipar riesgos y
establecer esquemas de coordinación de las organizaciones sociales que
refuercen su sentido de compromiso en la continuidad de los programas sociales.
Uno de
los costos sociales más elevados es la pérdida de credibilidad en las
estructuras institucionales y de gobierno. La inestabilidad de las políticas
públicas y la incertidumbre sobre el comportamiento gubernamental socava la
seguridad y destruye la moral de los ciudadanos. Al perderse la confianza en el
gobierno y en las instituciones, incluso de aquellas que no forman parte de la
administración pública, se propician relaciones sociales desarticuladas y con
grupos dominantes que dan lugar a brotes de malestar y descontento.
Es
indispensable recuperar la confianza y la credibilidad de la sociedad en las
instituciones y en las dependencias gubernamentales. La capacidad para lograr
una respuesta social solidaria con el gobierno y, por lo tanto, una
corresponsabilidad en el desarrollo del país, reside en buena parte en la
recuperación de dicha confianza y credibilidad. Aún más, la pérdida de
confianza en las instituciones significa un serio obstáculo para el logro de la
cohesión social que tanta falta hace en nuestro país. No se debe olvidar que si
bien los individuos son los que forman las comunidades, son solamente las
instituciones las capaces de crear una nación.
Las acciones a desarrollar
incluyen una respuesta confiable y oportuna de las instancias gubernamentales a
las diferentes necesidades sociales, un trato personal digno y respetuoso de
los servidores públicos a quienes reciben sus servicios y una capacidad de respuesta
confiable y predecible, que sea capaz de sostenerse ante situaciones
imprevistas, tales como riesgos ambientales o de otra índole que pudieran
significar, en determinadas circunstancias, la disrupción de la capacidad de
seguir ofreciendo los servicios de las dependencias gubernamentales.
Para
evaluar los resultados de las metas fijadas se utilizarán indicadores como la
rendición de cuentas, la calidad del trato a usuarios de los servicios públicos
y el alcance de la protección financiera frente a eventos catastróficos.
•El
compromiso con la salud
La
salud está ligada al destino de la nación. A medida que el país se transforme,
su sistema de salud también debe hacerlo. No puede haber progreso general sin
un sistema de salud que atienda las legítimas aspiraciones de los mexicanos.
Las
premisas que inspiran el compromiso del gobierno de la República con la salud
de los mexicanos son:
1.La
buena salud es uno de los objetivos del desarrollo y una condición
indispensable para una auténtica igualdad de oportunidades.
2.La
salud es, junto con la educación, componente central del capital humano, que es
el capital más importante de las naciones. Desde este punto de vista, mejorar
la salud es fortalecer la capacidad de las personas y de la sociedad para
procurarse y acrecentar sus medios de vida.
3.Por
ser un valor en sí misma y por su potencial estratégico, se debe concebir la
salud como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben perseguir.
Para ello se requiere complementar las políticas de salud con políticas
saludables (que abarquen acciones en todos los sectores).
4.La
protección de la salud es un valor compartido por todas las sociedades, todos
los sistemas ideológicos y todas las organizaciones políticas y, por tanto, es
un valor que fortalece el tejido de nuestra sociedad.
El
mensaje central del esfuerzo nacional en salud es que para mejorar la salud de
los mexicanos es necesario democratizar la atención a la misma.
Esta
democratización supone aplicar las normas y los procedimientos de la ciudadanía
a instituciones que estaban regidas por otros principios, como el control
coactivo, la tradición social, el juicio de los especialistas o las prácticas
administrativas. Implica, igualmente, aplicar estas normas y procedimientos a
individuos que antes no gozaban de tales derechos y obligaciones, como las
mujeres, los jóvenes o las minorías étnicas.
El
desarrollo de la ciudadanía culmina con la implantación de los derechos
sociales. En consecuencia, debe ser el principio de ciudadanía el que defina tanto
las reglas de acceso de la población a los servicios de salud como los
mecanismos de participación de los mexicanos en las decisiones del sistema.
Este principio indica que los servicios de salud no deben ser considerados una
mercancía, un objeto de calidad o un privilegio, sino un derecho social. El
acceso a ellos, por lo tanto, debe ser universal, y las prioridades fijarse
exclusivamente en función de las necesidades de las personas y la efectividad
de las intervenciones.
Implícitos
en la democratización de la salud están también la obligación de los servidores
públicos de rendir cuentas y el derecho de los ciudadanos a exigirlas. En este
sentido, lo primero que debe garantizarse es el derecho de los ciudadanos a
exigir que se haga efectivo el acceso incondicional a los servicios básicos de
salud.
Para
hacer realidad la democratización de la atención de la salud, México debe
contar con un sistema al que tengan acceso todos los mexicanos,
independientemente de su capacidad de pago; que responda con calidad y respeto
a sus necesidades y expectativas; que amplíe sus posibilidades de elección; que
cuente con instancias sensibles y eficaces para la presentación de quejas, y
con mecanismos de participación en la toma de decisiones. Democratizar es, en
suma, construir un sistema de, por y para la gente.
Para
enfrentar cada uno de los retos antes señalados, la presente administración se
ha planteado cuatro objetivos principales:
•Elevar
el nivel de salud de la población y reducir las desigualdades.
•Garantizar
un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud.
•Ofrecer
protección financiera en materia de salud a todos los mexicanos, apoyando de
manera prioritaria el financiamiento público.
•Fortalecer
el sistema de salud.